Creación del Ministerio de la Mujer (Provincia de Corrientes)

Artículo 1º).- Créase el Ministerio de la Mujer, la cual tendrá como función  asistir al Gobernador, en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género y procurar la eliminación de  toda forma de discriminación en contra de las mujeres. El Ministerio velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de igualdad de género.

Artículo 2: Le será ofrecida a la Primera Dama (sea esposa, cónyuge, conviviente o hija) la cartera ministerial presente. En caso de no corresponder o ser rechazada la propuesta será el gobernador quién designe de acuerdo a la condición constitucional de idoneidad.

Artículo 3º).- Al Ministerio le corresponde planificar y desarrollar, políticas y medidas especiales destinadas a favorecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género, la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social.

Artículo 4°).- El Ministerio tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

 a)- Proponer al Gobernador de la provincia política, normas, planes y programas orientados a la equidad de género y a procurar el bienestar social de la mujer y eliminar toda forma de discriminación; coordinarlos y velar por su implementación, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y evaluar su aplicación.

 b)- Proponer al Gobernador de la provincia iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.

 Las implementaciones que efectúe el Ministerio tendrán como objetivo asegurar el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres y su plena participación en la vida laboral, social, económica y cultural de la provincia, y su acceso a cargos de elección popular y funciones públicas.

 c)- Desarrollar políticas, planes y programas destinados a prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

 d)- Promover la igualdad entre los hombres y las mujeres en las relaciones familiares, así como el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación, el cuidado y el desarrollo de los hijos e hijas.

 e)- Promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y planes de los diversos

Ministerios y Servicios a nivel nacional y regional.

 f)- Colaborar con organismos del sector público, tanto de nivel provincial y municipal, y asesorarlos  en la formulación de los criterios de género que puedan ser incorporados en sus políticas y programas, evaluaciones y procesos de planificación

g)- Establecer y administrar un sistema de información pública sobre el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente sobre la violencia de género y la equidad de género.

 h)- Desarrollar estudios e investigaciones necesarios para el cumplimiento de su objeto.

 i)- Realizar procesos de capacitación de los funcionarios públicos en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio, los que también podrán otorgarse a particulares.

 j)- Elaborar anualmente informes sobre la situación de la equidad de género a nivel provincial y municipal.

 k)- Colaborar con las autoridades competentes en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión de las políticas de género.

Artículo 5°).- El Ministerio podrá proponer medidas, planes y programas de carácter temporal que impliquen ventajas concretas para las mujeres o que prevengan o compensen las desventajas que puedan afectarlas en los ámbitos público, político, laboral, social, económico o cultural, con el fin de alcanzar mayor igualdad posible entre hombres y mujeres.

Artículo 6°).- En cada localidad de la provincia habrá una “Oficina Ministerial de la Mujer” a cargo de un “Secretario Ministerial”, que dependerá técnica y administrativamente del Ministerio de la Mujer, quién asesorará al Intendente, velará por la coordinación de los programas que se desarrollen a nivel provincial y local

Artículo 7°).- Créase el Comité Interministerial para la Igualdad de Oportunidades cuya función será colaborar con el seguimiento de la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad d oportunidades entre mujeres y hombres.

El Comité estará integrado por todos y cada uno de los ministerios y secretarias con rango ministerial que designarán una persona a doc para tal fin.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro(a) de la Mujer, podrá invitar a participar, con derecho a voz, a otros, funcionarios de la Administración Publica o personas de reconocida competencia en el ámbito de las políticas de igualdad de oportunidades y de género.

El Comité establecerá, mediante acuerdo, las normas necesarias para su funcionamiento interno y el adecuado cumplimiento de las funciones que le son encomendadas.

La Subsecretaría de la Mujer prestará al Comité el apoyo administrativo necesario para su funcionamiento. El

Subsecretario será el Secretario ejecutivo del Comité.

Artículo 8°).- El Consejo Asesor funcionará como tal dentro de las competencias que poseía en su calidad de Consejo Provincial de la mujer que quedará subsumido en esta área, cuya función será prestar asesoría al Ministro en materias de igualdad de género y equidad de oportunidades. El Consejo estará regido por la reglamentación que oficiaba como tal en el consejo provincial de la mujer redefinido como consejo asesor.

Artículo 9: De forma.

Fundamentos.

No debemos seguir aceptando que Mujer tenga un área subsumida en un ministerio (el consejo provincial de la mujer depende del Ministerio de Desarrollo social) la Mujer, es una política del estado, por no decir que la mujer es definitiva como decididamente “La democracia”. La mujer, debe tener en Corrientes y sus gobernantes a asumir brindarle un lugar concreto, específico, que sirva como elemento político y simbólico.

Debemos discutir a viva voz (al parecer es más fácil plegarse a una marcha que viene desde arriba o estar a favor o en contra de orinar en una iglesia con las tetas al aire) la conveniencia de crear un Ministerio de la Mujer, como existe en la República del Paraguay del Perú y de Chile (o proyectos a doquier como en el Chaco) "Lo personal es político", fue el lema del feminismo de los años sesenta. Conseguido el voto femenino, no sin esfuerzo, en la mayoría de países desarrollados, las mujeres se dan cuenta que no tienen poder. La democracia como derecho a elegir a sus representantes no mejora su libertad efectiva, no supone la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a los mismos bienes o recursos públicos y privados. No las iguala, las sigue subordinando en la medida en que no las convierte por sí en sujetos de decisión con capacidad de cambiar sus condiciones de vida reales, su día a día, y no elimina la discriminación que venían sufriendo en el plano físico, legal y simbólico. Lo personal es político porque no se puede aislar la política, el poder de organizar y decicidir el destino de una sociedad, de las circunstancias, problemas y conflictos de los individuos que conviven en ella, porque precisamente, esos conflictos, esos problemas, esas circunstancias vitales deben ser el objeto de la política dirigida por los valores democráticos de la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia...

La política parece flotar sobre la sociedad a la que debería servir. Ya nadie confía en la política. O quizá ya nadie confía en quienes hacen política. Las feministas se dieron cuenta que sus obstáculos no eran individuales o familiares sino políticos, que su avance en la igualdad requería poder político real, poder para cambiar de forma efectiva sus condiciones de discriminación estructural.

Pero, ¿qué ocurre cuando las personas que representan el poder político parecen haberse convertido en los antisistemas? Anti-sistema democrático, de libertad, de igualdad, de dignidad.

La violencia tiene muchas formas. Eso es algo de lo que también saben mucho las mujeres. Saben mucho porque son mayoritariamente débiles en cualquier otra división social: pobres, dependientes, discapacitados, inmigrantes, menores... Son la mitad más vulnerable de todos los segmentos sociales a los que se está atacando desde el poder con la única legitimitad del voto. Pero como ya he señalado las desigualdades estructurales no se solucionan ejerciendo el derecho al sufragio. A las mujeres las permitieron tras siglos de lucha ser ciudadanas, pero las hicieron ciudadanas de segunda, como ciudadanas y ciudadanos menores de edad parecen considerar a sus votantes los que están tomando en este momento decisiones por ellos.

Se habla del impacto social de los recortes, de los ajustes, de las medidas, de los rescates, como si de un simulacro se tratase, como si no hubiese personas reales que ven transformada y arruinada su vida con ellos. Nuestra crisis es política, no inmobiliaria ni financiera. Porque las condiciones personales y vitales de la gente han dejado de ser el norte de los que nos gobiernan.

Y de nuevo los pilares más débiles de nuestra sociedad tambaleándose. Porque sólo se hacen mamografías las mujeres, sólo las mujeres se hacen tratamientos de fertilidad, porque son mayoría utilizando el transporte público, mayoría trabajando en el sector público que se desmantela por momentos, porque suelen ser mujeres en su mayoría las trabajadoras de los comedores escolares, de los servicios sociales, de las escuelas infantiles, porque en general serán ellas las que preparen la comida que ya no dan los colegios, porque sin residencias ni Centros de Día públicos para cuidar a nuestros dependientes, de nuevo serán las mujeres las que asuman esta responsabilidad colectiva, porque con un mercado de trabajo cada vez con menos protección social tedrán como siempre que elegir entre la maternidad y la profesión, y sin profesión dignamente remunerada sólo queda volver a relaciones de pareja jerárquicas y dependientes, porque sin servicios públicos que cubran las necesidades básicas de las personas, los derechos en general y la igualdad en particular, se convierten sólo en una declaración vacía sin contenido real, y cada persona quedará a su suerte, y la suerte será de quien se la pueda pagar o robar, por las buenas o por las malas.

Leí una vez que la fortaleza de una sociedad se mide por la de su pilar más débil. Porque la sociedad es como un puente, y si se derrumba, nos caemos todos. Quizá para levantarnos tengamos que recuperar la política de quienes nos la expropiaron, de quienes nos quitaron la política para las personas, porque como decían las feministas: lo personal es político. (Por la socióloga Pilar Pardo Rubio).

A decir del filósofo Correntino Francisco Tomás González Cabañas “Sí no fuese por todo lo que logra la mujer después que abrió la piernas, seguramente el hombre (en este caso entendido como el género masculino) continuaría la zaga de aventuras bélicas, como las que forjaron nuestra historia, y que de un tiempo a esta parte, devinieron en los combates a control remoto, las simulaciones tan bien narradas por Baudrillard, que constituyen nuestro actual mundo post, ya ni siquiera post-moderno, sino post como apocope de posteo, en la batalla virtual, en la que se dirimen los conflictos por tener mayores me gusta, en esta suerte de cosificación viscosa en la que parece sumergirse la mujer, para que el hombre crea que la somete, cuando en verdad si quiera se pregunta si su vida de sábados y domingos de futbol y el resto de la semana de oficina, con el crucifijo en el zaguán no constituyen una suerte de presidio que lo resguarda de la aventura de lo incierto, de los combates de otrora, en donde entre tanta guerra, compartía lechos con los propios, poniendo en riesgo con ello, es decir jugándosela en los extremos del Eros y el Tanátos, la continuidad de la especie, algo que sin duda y nos guste o no, se lo debemos a la mujer a quién el estado le debe aún un reconocimiento que vaya más allá de un cupo que suena a gueto o corsette”.

Proyecto de Intervención a la Municipalidad de San Cosme. 

A la honorable legislatura:

                         Me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el objeto de poner en su consideración el presente proyecto de ley que tiene por objeto la intervención de la municipalidad de San Cosme.

                           A través del presente proyecto, se propone que se disponga la intervención del Departamento Ejecutivo y del Departamento Legislativo de la Municipalidad de San Cosme con fundamento en los hechos que son de público conocimiento producidos tras las declaraciones expresadas en medios de comunicación de orbita provincial como nacional, por parte de los integrantes de ambos departamentos y a quién les correspondería aplicar el principio jurídico de “A confesión de parte, relevo de pruebas” dado que la flagrancia de estas manifestaciones, adquieren Strepitus Fori institucional, al ser los mismos, además de integrantes activos de los departamentos ejecutivos y legislativos, miembros de una misma familia en grado directa.

                          De acuerdo con la información que ha circulado por los medios periodísticos, por parte de los actores, sin que mediara otra motivación más que la consideración feudal, patrimonial, autoritaria, abusiva que poseen ante el concepto de la “Cosa Pública”, trastocándola, travistiéndola, tal como si fuese un botín de guerra, los fondos públicos y los ciudadanos sancosmeños los rehenes de una banda delictual o asociada ilícitamente para desfalcar los fondos de la localidad mencionada, se hace menester este remedio institucional que obra en poder de los representantes del pueblo de la provincia de Corrientes.

                             La repercusión adquirió trascendencia nacional, haciéndose eco de la noticia todos los medios periodísticos del país, los que vienen considerando a esta situación como inédita por lo ridículo, desopilante, y entendido como proverbial culebrón, sino estuviese en juego la lucha contra la corrupción, mal considerado no sólo por eminente politólogos o filósofos, sino por corrientes de pensamientos enteras, como el principal problema de nuestras democracias contemporáneas.

                             También debe ponderarse que, de acuerdo con la información expuesta por investigaciones periodísticas, las ramificaciones de la posible organización delictual en cuestión se extenderían hacia todo el espectro definido como Occidente, no en su hacer, en su protagonismo o incidencia, sino como sucedáneos, como expresiones culturales de quiénes entienden delictualmente lo democrático, tal como se observa lo que sucede en la hermana República Federativa del Brasil.

                             Los hechos acaecidos en dicho municipio (las declaraciones de sus miembros, que como se sabe, además tienen relación familiar directa, son tan o más contundentes que el hecho en sí, pues de acuerdo a la sentencia bíblica, primero fue el verbo, o como diría Miguel Ángel, antes que la forma, la idea) tienen la suficiente envergadura como para provocar una situación de gravedad institucional que afecte el régimen municipal. Insistimos en esta suerte de Síndrome de Estocolmo, tal como en la Psicología, se define a un grupo de personas que durante un tiempo prolongado al estar de rehenes, manifiestan conductas, hasta asociativas o tolerables ante sus captores, en una especia de normalidad, para evitar la indignidad del ultraje o para mantener la expresión mínima de supervivencia. Nada más observar los índices sociales y su dependencia para con quiénes manejan (dado que no administran ni gobiernan, sino que lo toman como si fuese propio a la confianza que les ha sido conferida, circunstancial como condicionadamente) el municipio como para entender, la inequidad que padecen los sancosmeños y de los que no podemos apartar la mirada, menos aún, ante la propia confesión de los autores de estos “democraticidios” (Ver el neologismo en el siguiente enlace europeo, “Democraticidio el delito de los políticos contra la política”, González Cabañas, F.)  http://radspain.com/?p=13749

 De no prestarle la debida atención, esta situación puede extender su riesgo a un orden mayor y aumentar la inestabilidad, lo que pondría en peligro no sólo la vida del municipio sino que, trascendiendo sus límites, pueden conmocionar la vida toda de la provincia. Es muy importante tenerlo en cuenta para poder apreciar las múltiples e imprevisibles consecuencias que pueden aparejar una situación de crisis o gravedad institucional no solucionada en un municipio.

                             No obstante la autonomía consagrada constitucionalmente, la intervención es el más fuerte instrumento de control sobre el municipio y responde al principio mayor de la supremacía. Es muy importante, asimismo, recordar que esta medida obedece, en rigor, a la obligación que asume la Provincia con la Nación de garantizar el régimen municipal, de conformidad con el artículo 5° de la Constitución Nacional.

                           La forma republicana exige el funcionamiento coordinado de cada uno de los poderes constituidos para cumplir con los fines a su cargo y en caso de imposibilidad por parte de ellas o de hechos graves, como el acaecido, amerita su normalización por medio de los mecanismos con los que cuenta el Estado provincial para su regularización, en pos de una adecuada administración estatal y para tranquilidad de toda la comunidad de San Cosme.

                            La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la doctrina de la emergencia, ha dicho que: “… Corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades individuales” (Corte Sup., 13/8/1998, "Gutierrez, Alberto v. Ferrocarriles Argentinos", Fallos 321:1984).

                             Es pertinente al caso la doctrina de las circunstancias excepcionales expuesta en la jurisprudencia francesa, que sostiene que: “… según la fórmula del Consejo de Estado, en circunstancias excepcionales las autoridades administrativas pueden adoptar medidas exorbitantes de sus atribuciones normales con el objeto de proveer con extrema urgencia las necesidades del momento…” (Laubadére) ( “Héyriés”, 28-junio-918, citado por WEIL, Prosper – POUYAUD, Dominique y MONTEZANTI, Néstor Luis (traducción y anotaciones), EL DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Serie Docencia, 1ª Edición, Bahía Blanca, 2010, p. 120).                       

                           El artículo 236 de la Constitución de la Provincia establece que los municipios pueden ser intervenidos por ley en caso de grave alteración del régimen municipal, la confesión por parte de sus actores, en calidad de miembros integrantes de ambos departamentos como de miembros de una misma familia entronizada en el poder desde hace décadas.

                          Por las consideraciones expuestas solicito a Vuestra Honorabilidad el urgente tratamiento y ulterior aprobación del  proyecto elevado.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE

L    E    Y

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la intervención del Departamento Ejecutivo y del Departamento Legislativo de la Municipalidad de San Cosme, de conformidad con lo establecido por el artículo 236º de la Constitución de la Provincia de Corrientes.

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE el cese del ejercicio en los cargos de Intendente, Viceintendente y concejales de la Municipalidad de San Cosme.

ARTÍCULO 3º.- EL Poder Ejecutivo de la Provincia designará la persona que ejercerá las funciones de Comisionado Interventor.

ARTÍCULO 4º.- LA intervención así dispuesta tendrá por objeto restablecer el normal funcionamiento del Departamento Ejecutivo y del Departamento Legislativo de la Municipalidad de San Cosme limitándose a atender exclusivamente los asuntos ordinarios con arreglo a las ordenanzas vigentes.  No podrá crear gravámenes ni contraer empréstitos u otras operaciones de crédito.

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.

            Este proyecto fue realizado por el Centro de Estudios “Desiderio Sosa” a los efectos de que los señores legisladores, como medios de comunicación y ciudadanos puedan tomarlo, citando la fuente y redinamizarlo a los efectos de que San Cosme puede volver a tener un normal desenvolvimiento institucional. El Proyecto a nivel técnico, está referenciado en el 11952/17 que ingreso en Marzo pasado a los efectos de solicitar la intervención a la Municipalidad de Itatí y no será ingresado como iniciativa ciudadana, tal como lo hiciéramos el año pasado en virtud de presentar el proyecto de prórroga de mandatos, sino que consideramos necesario e indispensable el acompañamiento de los actores que el juego democrático determina para estos menesteres, reservándonos claro está, esto mismo.

Revolución de Representatividad en el Legislativo; La cámara de los Dipunadores.

La presente es la propuesta teórica que ofrecemos a todas y cada una de las repúblicas democráticas que se precien de representativas, a los efectos de que mediante la instauración en el pleno del poder legislativo, de la tercer cámara (allí donde existan dos) que daremos en llamar de Dipunadores. A diferencia de cómo se eligen los integrantes de los parlamentos tradicionales o clásicos, y de cómo resultan escogidos los representantes de los ejecutivos, los Dipunadores serán elegidos por la asamblea legislativa, o la suma de diputados y senadores. Para ello, se deberá crear un registro ciudadano, en donde como condición excluyente, estos deberán esgrimir no tener vinculo de consanguineidad, ni laboral, con ninguno de los miembros de las cámaras que elegirá esta. Asimismo y como condición final y sine quanon, los integrantes de estar tercer cámara legislativa no deben estar afiliados a ningún partido político que forme parte del sistema político clásico o tradicional. Una vez conformado el registro, el proceso será conducido por la Asamblea legislativa clásica o conformada para ello (suma de diputados y senadores) y luego de la revisión de estos impedimentos, se procederá a un sorteo (el sistema será adoptado a criterio de cada Asamblea) para elegir a los Dipunadores que serán en total, la suma de diputados y senadores. En esta tercera cámara legislativa, las comisiones o ámbitos de trabajo, serán compuestos por todos y cada una de las jurisdicciones en que se dividan políticamente los distritos, es decir que los Dipunadores de un determinado país legislarán en las comisiones en que se dividan en provincia, regiones o municipios. La función legislativa primordial, es decir como puerta de ingreso o inicio de las diferentes iniciativas parlamentarias, estará vinculada a la realización palmaria de la democracia en cuanto tal. Todos los proyectos que propongan, promuevan la instauración de una democracia más directa, más real, más vinculante entre representantes y representados, más inclusiva, más participativa y más transparente, se articulará mediante los Dipunadores. Como cámara de control, será la última que controle y determine la imposición del “ostracismo” político, suplantando al juicio político, para todos y cada uno de los integrantes del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial. El ostracismo, tal como funciono en el  Grecia Antigua dispondrá además del alejamiento del funcionario a sus tareas, la invitación al destierro o el exilio forzado como penalidad manifiesta ante lo que se considere (un mal proceder político) traición a la patria. Algunas consideraciones menores antes del ejemplo ilustrativo y las posteriores fundamentaciones. Los Dipunadores, no podrán ser reelectos por ningún período, en su conformación global se propenderá a una equidad en cuanto a género y segmentos etarios y durarán en sus cargos más que un diputado y menos que un senador o igual tiempo que estos.

Verbigracia: La Provincia X, cuenta con una cámara legislativa de quince senadores y treinta diputados. Deberá elegir cuarenta y cinco Dipunadores. Estos dividirán su actividad legislativa en la cantidad de municipios en que está divida la provincia en este caso, setenta. Se abrirá un período de cuarenta y cinco días, la misma cantidad de Dipunadores, traducidos en días, para que la ciudadanía se inscriba en el registro abierto a tales fines, se establecerá, que se pueda realizar vía digital, generándose luego de cesado el tiempo de inscripción la Asamblea Legislativa, o suma de Diputados y Senadores que depurará el registro, mediante la exclusión de quiénes estén afiliados, adheridos a cualquier partido político (o que tengan menos de un año de renunciados o apartados de los mismos) y que tengan lazos de familiaridad directa con integrantes del poder legislativo que elegirán a los mismos. Esta asamblea una vez realizada esta depuración, podrá hacer una preselección que contemple que de acuerdo a la cantidad total de integrantes a elegir queden en proporción tanto hombres como mujeres y segmentos etarios en los que se subdivide la población general del distrito en cuestión. En este caso, podrían ser elegidos 23 Dipunadores Mujeres y 22 hombres, de los cuales, 10 podrían ser de entre 30 y 40 años, otros 10 de entre 40 y 50, otros 10 entre 60 y 70, 7 con más de 70 y los restantes menores de 30 y mayores de 18. Como en este distrito imaginario esta a su vez subdividido en setenta municipios, serán tales la cantidad de comisiones en las que trabajaran estos legisladores. Duraran cinco años, un promedio entre los cuatro de los diputados y los seis de los senadores y tendrán como función legislativa principal el legislar para propender a una democracia más directa, más real, más participativa, instaurando audiencias públicas, bancas ciudadanas, plebiscitos, sistemas de participación y se transformará en el ámbito de control tanto del poder legislativo, como de los restantes poderes del estado, imponiendo como novedad la suplantación de la remoción o juicio político, por el sistema del ostracismo que penaliza al infractor representativo además del desaforo la pena de la ida de su distrito o invitación al exilio.

 Sin que sea una cuestión gnoseológica, probablemente la filosofía política, el contratismo social, el parlamentarismo, la política en sí se hayan constituido en el escudo protector, para sostener, argumentalmente, un estado de cosas, que bajo la petición de principios de la institucionalidad, nos remite obligadamente a posiciones dogmáticas, que las traza o sitúa como indiscutibles. Sí nos ponemos a pensar hasta la nomenclatura de los Senadores, arrastramos desde hace años, sin que se proponga sí quiera revisarla en su semántica, por esta simbolización in extremis, por esta totemización en que hemos transformado o lo venimos haciendo a nuestro sistema político, una suerte de sanctasanctórum.

Se deja en claro que la pretensión no es hacer ni discutir ciencia, a partir de la premisa de que la filosofía política, de un tiempo a esta parte, no viene discutiendo, nada o casi nada, que establezca consideraciones radicales que propongan un estado de cosas, (discutir la misma noción de estado dentro de ellas) que difiera, al menos, discursivamente, de una inercia en la que se podría decir que estamos sometidos, desde los primeros libros de consideraciones políticas tal como la conocemos. A diferencia, de lo que ocurre, por ejemplo, con otro campo, extenso de lo filosófico, como el ontológico, en donde las perspectivas, no sólo que han sido y son, de diversidades insondables, sino que además interpelan, a la confrontación de la experiencia metafísica, del cabo a rabo del fenómeno humano. Se entiende que podrán alegar, que esta consideración pueda ser catalogada de logomaquia o pecaminosa por insustancialidad académica, sin embargo, el registro de los hechos de nuestras democracias occidentales actuales nos impele a pensar, utilizando la filosofía política para ello, por más que como se considera, esto mismo sea un oxímoron. Sí hablamos de legitimidad, no sólo debemos hacerlo, diferenciándola, de la legalidad, sino estableciendo una meridiana diferencia entre la legitimidad parcial versus la legitimidad absoluta, la primera que es la válida y la única razonablemente cierta que puede otorgar el ciudadano a sus mandantes y la segunda, la que cree tener el representado cuando absorbe la cesión de la ciudadanía, para luego cometer los latrocinios por todos conocidos, que supuestamente, controla o controlaría, estos excesos, otro poder de un estado constituido que sería el poder judicial, cuyos miembros no son elegidos, paradigmáticamente por el voto de la gente. Esta razón de la legitimidad parcial, podría encontrarse observada explícitamente, en que el ciudadano al delegar su representatividad, lo haga no sólo por el término de una elección a otra, sino también bajo ejes conceptuales, que vayan más allá de lo temporal. Un ejemplo concreto sería que los representantes clásicos del poder legislativo, puedan cerrar el círculo de representación, eligiendo ellos, mediante sorteo, como en la Grecia antigua y su noción mediante el azar que todos los ciudadanos tenían la posibilidad de ser parte del gobierno, a una capa, una cámara de representantes, que tal como lo planteamos tenga como condición excluyente el no ser parte de los partidos políticos tradicionales que como es de común saber, son parte del problema, más que de la solución de las flagrancias o de las ausencias que nos brinda la democracia en nuestra occidentalidad contemporánea. El bien jurídico mayor de cualquier ciudadano ante un derecho colectivo es que le sea garantizado una vida en democracia, y cuando esto no ocurre, el mismo ciudadano debe agotar las instancias para llevar adelante este reclamo en todas las sedes y ante todas las instancias judiciales. No podrían objetarse ante esto, cuestiones metodológicas o de fueros, la justicia en cuanto tal, debe preservar y hacer cumplir el precepto democrático por antonomasia, que los candidatos de  los diferentes partidos se elijan por voto popular, sean únicamente de los miembros de los respectivos partidos o de estos y los independientes.

A diferencia de lo que podría ser un artículo en el ámbito académico, o en las fundamentaciones para respaldar proyectos parlamentarios, no creemos necesario el citar lo mil y un autores a los que claramente le podríamos hacer decir algo que sirva de referencia conceptual o intelectual. Sería un despropósito, pues creemos que nadie, que sea medianamente citado en forma razonable, se desempeñe en el ámbito jurídico, filosófico o intelectual en general, estaría de desacuerdo, con que primero es la democracia, luego los partidos y finalmente los candidatos presentados para representar a los ciudadanos, que otorgan o ceden sus derechos  políticos mediante el voto o sufragio, esta cadena o círculo que se le enseña a cualquier niño en los primeros tiempos de ciencias sociales o educación cívica, es básicamente de lo que trata lo democrático, de su esencia y de su razón de ser.

Sería más fácil que encontremos autores que respalden sistemas políticos democráticos en las formas, pero no en los hechos, que puedan sostener que lo más determinante son estructuras o pilares que se les llama partidos  y que no importa como escojan sus candidatos, sino que a partir de estas estructuras nace o surge lo democrático. Llevar a cabo una argumentación en este sentido, sería, en la metáfora coloquial, poner el carro delante del caballo, y ninguna persona con sentido común o respetando el principio de no contradicción podría defender que existan distritos en una democracia representativa en donde sus partidos válidos no eligen sus candidatos mediante voto del soberano.

La idea general de que la ciudadanía no está, porque no quiere, no se la deja, no se la permite, en política, sí bien puede ser tildada de incomprobable, no deja de ser un mito urbano, una suerte de leyenda moderna, que deslegitima con su sólo presencia, que se profundiza ante la primera llovizna en donde caen desde el cielo cualquier tipo de pillería, o de situación poco clara, por parte de la clase, la casta o la elite política, hacia o en contra de la ciudadanía en general,  casi siempre vinculado a hechos de corrupción o poca transparencia. Esta es una de las razones, por las cuáles los Dipunadores tendrán también el rol general de contralor, con la novedad de volver a instituir el concepto de ostracismo a los funcionarios incumplidores con sus mandatos públicos de todos los poderes del estado, a los efectos de que la ciudadanía perciba a las claras, qué y cómo es lo que sucede con quiénes han birlado y defraudado su confianza.

La democracia, sin embargo, sólo puede ser entendida en los términos expresados como deseo, defendida como una cuestión de fe y sacralizada en su versatilidad de que asimila todo en cuanto lo rechaza. Referencia y diferencia, unicidad y multiplicidad, la inversión de lo metodológico de lo general a lo particular y todo y cada uno de los axiomas, como de las razones fundadas como infundadas que se quieran proponer, caerán rendidas ante la noción desiderativa de lo democrático.

La democracia es expectativa. La democracia no puede ser plenamente concretada, dado que en tal caso se transformaría automáticamente, en un absolutismo totalitario. En nuestra modernidad, el sujeto de la democracia, es el individuo. Así ocurre desde la composición de los contratos sociales, que unificaron todas y cada una de las expectativas de los suscribientes (expresando medularmente lo filosófico, saldando la aporía de lo uno y lo múltiple) en una voluntad mayor o estado, que mediante una representatividad, administra o ejerce ese poder que ha sido previamente legado. Extendiendo y más luego, renovando las expectativas, cada cierto tiempo, llamando a sufragio, a elecciones, a todos y cada uno de los contratistas, para que elijan a quiénes lo representen en la administración de esa cesión de derechos cívicos y políticos.

La democracia debe fundamentarse, o estar fundada, en la condición estadística en la que se circunscriba el individuo. Esto es, asumir la realidad para a partir de ella construir la expectativa que es su razón de ser. De lo contrario, en caso de continuar, generando expectativas ante la mera convocatoria de elecciones, para renovar representantes, la legitimidad del sistema siempre estará riesgosamente en cuestión, pudiendo alguna vez, un grupo de hombres considerar el retorno a algún tipo de absolutismo.

La sujeción de lo democrático a la condición en la que este sumido una determinada cantidad de hombres, garantizará que la expectativa que por regla natural es su razón de ser, no sea siempre una abstracción, sino que este supeditada a un resultado, a un determinado logro, concreto y específico. De aquí que la función específica de los Dipunadores, no sea la de revolucionar el sistema representativo, lo democrático en sí o el sistema de partidos, sino de empezar a trabajar en ello.

Hasta ahora y tal como veníamos detallando, se habían generado las circunstancias como para (libertad de expresión, cierta extensión de oportunidades, valorización de los aspectos a mejorar) construir una democracia moderna, creemos imprescindible esta herramienta que orbite en nuestro sistema político, con esta cámara nueva o con esta representatividad novedosa, para que sean los Dipunadores junto al resto de los políticos y sus vínculos con la ciudadanía y la población quiénes en diferentes partes de Occidente nos ofrezcan distintas formas perfectibles de lo democrático, tal como en la actualidad lo podríamos entender o conceptualizar.

Esta contribución teórica es patrimonio del Centro de Estudios Políticos Desiderio Sosa (fundado por Carlos Coria García y Francisco Tomás González Cabañas), se cede la publicación o reproducción total o parcial del mismo (que es resumen abrevado de la obra completa), haciendo alusión a esta presente aclaración y enviando copia electrónica o link: a la siguiente dirección de correo: 

centrodesideriososa@gmail.com

“Convocamos a un debate público a los tres candidatos a Intendentes de la Ciudad de Corrientes”.

Es vergonzoso que a esta altura de la consolidación democrática, tengamos que pedir, que clamar, que implorar, un debate público entre los tres candidatos que disputaran la jefatura de gobierno de una ciudad como Corrientes. Nos rasgamos o mejor dicho desgarramos las vestiduras, con declaraciones de campaña, con fotos al mejor estilo  avistaje de pobres o en plena acción política travestida en rol de gobierno (es decir cumpliendo la obligación que tienen, pero posando para la cámara para luego con los medios pagos, reclamarle al ciudadano que reconozca tal labor, exhortándolo a que los vote nuevamente para que  sigan percibiendo suculentos ingresos mucho más allá de la media) con salutaciones edulcoradas, aguardando los tiempos finales incluso para aceptar cuando se despachen con la orgía de prebendas y dádivas y nada hacemos o decimos, para propender a esta acción que debería ser una política de estado. En todos los órdenes, nacional, provincial y municipal, debería existir una normativa que imponga a todo candidato con posibilidades de hacerse con un ejecutivo de confrontar sus ideas con el resto de los pretendientes. Esto impulsaría incluso que se presenten con su equipos de gobierno, con quiénes se harán acompañar en sus posibles gestiones, o ¿acaso seguimos votando, como siglos atrás, una suerte de suma de poder público, para que un candidato arme y desarme como le plazca su agenda de gobierno, la que previa y supuestamente hizo pública en medios que paga o con fondos públicos o con fondos oscuros de la financiación ilegal de la política?. ¿No nos estamos perdiendo de la mejor herramienta como para conocer a nuestros candidatos, o porque fiarnos de sus propias campañas de sus mates organizados por red social, de sus timbreos espontáneos, de sus caminatas casuales? ¿No son acaso, todas estas, artimañas publicitarias, creadas para que tengamos la sensación de que los candidatos son abiertos no solo a su disponibilidad de tiempo, sino de mente, como se dice vulgarmente, de cabeza, como para escuchar y más luego poder comprender, otras razones que no sean las suyas?.

¿El que no tengamos un debate público, o el que tengamos que pedirlo desde una institución que no percibe fondos públicos, no habla acaso de toda nuestra clase dirigente, en su gran mayoría, cómplice y mendaz, a la espera de cerrar con el ganador, habiendo apostado a los que tengan más  chance antes, para acordar sus camándulas facciosas y sectoriales, y habiendo conseguido esto, dejar al gobernante que acomode a diestra y siniestra, en los lugares públicos a cuanto amigo y pariente desee, sin decirle o reclamarle ninguna ética ciudadana?  

¿El que sólo manifestemos nuestros puntos de vista, de los aspectos públicos en el ámbito virtual, es acaso una solución o parte del problema, dado que podemos dar vida a esta iniciativa casi inmediatamente, pero sí no se la respalda, no se la comparte, sino se la adopta, por parte de instituciones como el Colegio de Abogados, la Federación económica o el Arzobispado, como para que ofrezcan sus instalaciones para organizar el debate y si no se la difunde por medios que sean parte de lo democrático y lo republicano, solo quedara como otro intento más, vano y efímero, para consolidar nuestras instituciones?

Nosotros nos hacemos estas preguntas, los ciudadanos y la clase dirigente tienen las respuestas. En el caso de que hagamos el debate público, del público saldrán las preguntas y los candidatos tendrán que dar sus respuestas. Posiblemente esta sea la razón principal por las que desde la política no se promueven debates. Son esencialmente lugares en donde se deben dar respuestas. Ellos están debiendo varias o las que dieron dejaron mucho que desear, de todas maneras, lo mejor que pueden hacer es ir a debate, de lo contrario, están siendo parte del problema y no de la solución o de las respuestas que la democracia requiere.

“Lo preocupante se muestra en que todavía no pensamos. Todavía no, a pesar de que el estado del mundo da que pensar cada vez más. Pero este proceso parece exigir más bien que el hombre actúe, en lugar de estar hablando en conferencias y congresos y de estar moviéndose en el mero imaginar lo que debería ser y el modo como debería ser hecho. En consecuencia falta acción y no falta en absoluto pensamiento. Y sin embargo…es posible que hasta nuestro días, y desde hace siglos, el hombre haya estado actuando demasiado y pensando demasiado poco”. (Heidegger, M. “¿Qué quiere decir pensar?. Ediciones del Serbal. Barcelona. 1994. Pág. 114.)

Centro de estudios Desiderio Sosa.

Tres Primeras Propuestas Propiciadas por el Centro de Estudios Desiderio Sosa.

Dejamos en claro nuestra adhesión a institutos nacionales como; la iniciativa popular, la consulta popular, el defensor del pueblo, el juicio por jurados, los nuevos derechos incluidos en la carta magna del ¨94, dejando para un debate posterior, que ameritaría la reforma de la Constitución nacional, la obligatoriedad del sufragio.

Finalmente, como no nos creemos dueños de ninguna verdad, ni iluminados por ninguna revelación, más allá de la aceptación de la creencia religiosa de cualquier miembro, no objetamos ni rechazamos a priori, el diálogo, la conversación, con ninguna fuerza política de las pre-existentes o con ningún político, más allá de su pasado (la salvedad será únicamente con los condenados judicialmente), ateniéndonos siempre a que el canal de tertulia, tenga relación con los proyectos aquí esbozados u otros que surjan en beneficio de Corrientes (Ciudad) , y en caso de que se pueda dar alguna conjunción de fuerzas, tendrá que ser refrendado por un documento público, para dar cumplimiento con las bases de nuestro movimiento. 

Artículo 1º: Dispóngase la realización, en la segunda semana de cada mes, de cada año de período ordinario de sesiones de la elección, por votación de los señores concejales, bajo sistema de mayoría simple, la elección de los 17 ciudadanos, previamente inscriptos en el registro creado ad hoc, para llevar a cabo la sesión ciudadana.

Artículo 2º: La última semana de cada mes, los ciudadanos elegidos por los concejales, llevarán a cabo la sesión ciudadana, en donde todos tendrán el derecho a hacer uso de la palabra y exponer la temática que consideren. En caso de que dispongan la votación de un proyecto para darle calidad de unánime podrán hacerlo sin que esto signifique una mayor o menor celeridad en cuanto a las temáticas que serán elevadas, al finalizar la sesión, como la versión taquigráfica, a la presidencia del concejo deliberante para su consideración.

Artículo 3º:  Los concejales ciudadanos, percibirán, un haber correspondiente a un 3,3%(bruto)  por ciento del sueldo de un concejal que será deducido de tasas municipales.

Artículo 4º: Se creara el registro de ciudadanos para participar en el concejo ciudadano, siendo la única exigencia, además de copia del dni que certifique el domicilio en el distrito capitalino, una breve exposición de motivos, o razones por las que se presenta para representar en el concejo ciudadano.  

La ciudad-estado griega, la polis, fue el sitio concreto y específico donde se organizó la democracia. Por definición, las mismas, y eso que en aquel entonces la población en general era mucho menos abundante, no debían constituirse, con más de cinco mil habitantes de acuerdo al consenso entre la mayoría de especialistas. Independientemente de lo fascinante del mundo Griego, que nos legó, entre tantas cosas, también lo democrático, lo cierto es que podemos, indubitablemente afirmar, más allá de todo lo que, sobre todo filosóficamente podamos discutir, que parió, alumbró o nos entregó a sus herederos, un sistema de gobierno, como el democrático, que es esencial e indescerniblemente municipalista. 

Hans Kelsen creador de la pirámide de kelsen, jurista, político y profesor de filosofía en la Universidad de Viena, definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico, se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con otra que esté por encima ya que la misma no tendría efecto jurídico o no debería tenerlos.

Está dividida en tres niveles, el nivel fundamental en el que se encuentra la constitución, como la suprema norma de un estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma, el siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego seguir con el nivel sub legal en donde encontramos los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas y finalmente al final de la pirámide tenemos a las sentencias

Proyecto para establecer una sola reelección para los Concejales de Corrientes Capital (Cómo caso testigo)

Artículo 1: Modificase el Articulo 17 de la Carta Orgánica que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 17: Los Concejales en su carácter de legisladores integran el Honorable Concejo Deliberante durando cuatro año en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser reelectos por un (1) sólo período y debiendo renovarse la composición del Cuerpo por mitades cada dos años, en la oportunidad y forma que determine el orden normativo correspondiente, pudiendo coincidir con las elecciones generales provinciales o nacionales.

Fundamentos

Consideramos que lo que se denomina “crisis de legitimidad política”, o “necesidad de una reforma política”, son apreciaciones, sensaciones, que luego se traducen en estudios y análisis, que tienden a señalar, la disconformidad o desaprobación, previa al momento de la emisión del voto, de gran parte de la ciudadanía ( o al menos la gran mayoría que genera un ida y vuelta con los medios masivos de comunicación) , hacia esa oferta  que realizan los diferentes partidos políticos, que en los tiempos electorales se conoce, cómo el momento de las campañas, o en donde los candidatos políticos aparecen con atosigante asiduidad, y con una llamativa serie de promesas de dudosa consecución. Por tanto, antes de que se cumplan los tiempos electorales, el proceso eleccionario, cae en una flagrante ausencia de legitimidad, y por ello la gravedad institucional y republicana, que implica que una gran parte de la ciudadanía, (que tiene incidencia directa en el gran espejo, reflector y también generador, de los actos y acciones públicas, los medios de comunicación) descrea de las ofertas electorales, respetando, con resignación, el proceso eleccionario, a través de la no participación (índices de ausentismo elevados), o la votación masiva a la nulidad. Más allá de que sea un respetuoso proceder,  el proceso eleccionario, la dinámica y el ejercicio más sagrado, y sindicado cómo el símbolo por antonomasia de la democracia, se lesiona en grado sumo, ante la abstención de compromiso político, o de resignación respetuosa, con la que reacciona una gran parte de la ciudadanía, que de tal manera, intenta manifestar su disconformidad con las ofertas o boletas electorales.

Tal como lo expresa con claridad meridiana el filósofo correntino, Francisco Tomás González Cabañas:

“Creemos que el punto neurálgico, la piedra basal, el elixir de los problemas, o el quid de la cuestión, se encuentra en la conformación de las listas, o boletas electorales. Que es ni más ni menos, cuando los partidos políticos definen puertas adentro y por intermedio del fenómeno del lápiz ( dirigentes más encumbrados se ponen de acuerdo para anotar a los candidatos) a diferencia de años atrás cuando se acostumbraba a realizar elecciones internas, para terminar ofreciendo a la sociedad, sus candidatos. Podríamos erigirnos en fiscales putativos de la nación, y esgrimir como razonamiento, que si se cumpliera con lo dispuesto por los corpus normativos, no deberíamos tropezar o enfrentarnos a la “falta de legitimidad política” o “necesidad de reforma política”, no queremos ingresar en polémicas bizantinas que nos conducirían a analizar si las campañas deben durar cincuenta días o sesenta y que en definitiva nos hagan perder tiempo y energía en gestas de poca monta.

La actividad política es una de las pocas, que para desarrollarla, no se precisa en forma imprescindible de un título terciario o universitario. Tampoco la actividad se encuentra colegiada o cuenta con un conjunto de reglamentos normativos internos. Obviamente que exigir a la actividad política, de este tipo de requisitos sería más que risible y ridículo. Pero debemos tener en claro, que tampoco se puede continuar en calidad de simples observadores, dado que los abusos y las distorsiones que se hacen de las amplias libertades, terminan posibilitando los excesos que nos llevan finalmente a una anomia anárquica en donde prevalece el arcaico principio del más fuerte.

La historia de la humanidad nos señala que en los incipientes años de formación del Imperio Romano (550 ac), los romanos expulsaron a los Estruscos e instauraron la república. Narran los historiadores que en los primeros tiempos, sólo los miembros de las familias poderosas intervenían en la ciudad, integrando el Senado en forma vitalicia. Los plebeyos fueron reaccionando contra estos privilegios con tal fuerza, que el Senado hubo de autorizar las asambleas populares que nombraban a los tribunos, quienes debían proteger al pueblo de las arbitrariedades de los magistrados. Hacia el año 450 a.C. se promulgó la ley de las doce tablas, embrión del extenso cuerpo jurídico que Roma legó al mundo, el Derecho Romano.

Observamos con la precisión objetiva que nos brinda el testimonio histórico, de los primeros pasos republicanos dados por el hombre, la conformación de la cofradía o facción política nutrida de privilegios, que el mismo transcurso de los años, hizo al género humano, superarlo a tal punto, de inmortalizar gracias a la acción de la contundente reforma, las bases mismas del sistema jurídico occidental, que tras dos mil años de historia, aún se sigue estudiando en los claustros universitarios. Pese a que la experiencia del Senado vitalicio, hubo de dar paso a asambleas con verdadera representación ciudadana, creemos que aún el género humano no ha podido despojarse, en forma definitiva, de esta práctica mañosa y lesiva de las instituciones democráticas, prueba contundente de lo que afirmamos es la conformación, en la hermana República de Chile, de un Senado vitalicio, y en nuestro país, es notorio y evidente, el ejercicio continúo por parte de la clase política y dirigente, de una forma solapada y encubierta de garantizar a los adultos mayores y no tanto, sino más que nada a una clase o facción de la política, una jubilación en funciones, que es ni más ni menos, que una especie, distorsionada e indirecta del imperio de la lógica vitalicia, o un atornillamiento a cargos representativos.

Una de las mayores controversias que genera una animadversión litigiosa en la sociedad en relación a los actores políticos, es la reiteración de los nombres para ocupar cargos públicos. El fenómeno se podría denominar como “calesita electoral”, dado que los hombres que los partidos políticos ofrecen a la ciudadanía van rotando indefinidamente, permitiendo que el otrora concejal en la elección venidera se postule cómo diputado provincial, para luego hacerlo en otro cargo representativo. A priori esto podría obedecer a una lógica normal de la democracia. La persona que ha ejercido con probidad y que obtiene el respaldo popular, naturalmente debe asumir mayores responsabilidades políticas, o al menos tener la oportunidad de presentarse ante el electorado. La normalidad se transforma en patología social, cuando observamos fehacientemente, que un grupo de profesionales políticos de diferentes partidos, acumulan decenas de años en cargos públicos, sin encabezar las listas (es decir que van detrás de figuras con mayor popularidad) y que pasan con holgura la edad que establece la ley para la jubilación, afianzándose o atornillándose en cargos representativos, conformando o resucitando, la máxima estipulado miles de años atrás en el nacimiento del imperio Romano o imitando el condicionado régimen de la República de Chile, por el poder de los ex dictadores, pero sin la institucionalidad de los sistemas mencionados, y cobijados por el oscuro y lúgubre manto de la ausencia de normas que fortalezcan un verdadero sistema democrático y republicano.

Con la consabida gravedad que el espacio que ocupan, perniciosamente desde el punto de vista democrático y republicano, se lo están sacando, esquilmando a todo el corpus social.

Necesitamos una norma, al menos en nuestra carta orgánica de la Ciudad, que les imponga un límite, una barrera, sustentada en las raíces más puras de la Constitución Nacional, a los que desde hace tiempo manejan la cosa pública, y que conformaron una cofradía de características masónicas, para que oferten a las ciudadanía, candidatos que tengan currículum y no antecedentes, y para evitar que estos vacíos normativos, se transformen en oportunidades para destrozar la institucionalidad, cómo el hecho de instaurar una lógica vitalicia encubierta.”.  

Instaurar el día de atención del político al ciudadano.
Por intermedio del presente proyecto, pretendemos instaurar, los días sábados de 8 a 12 horas, el funcionamiento obligatorio de las oficinas de concejales y funcionarios del ejecutivo municipal jerarquizados, para que estén afectadas, el día y en el horario señalado, únicamente a la atención del público en general. Esta atención deberá ser por orden de llegada, proporcionando un número a los interesados que vayan acudiendo, tal como en cualquier consultorio profesional o comercio de cualquier rubro. Dado que los “políticos” jamás harán sus ajustes, recortes, o como los quieran llamar, ni con sus sueldos, ni prerrogativas que le cedemos sus ciudadanos, o supuestos mandantes, con esta iniciativa, lograríamos que al menos, por ley se le establezca un día más de trabajo (en caso de que no estén abiertas las oficinas en tal día y en tal horario y no se atienda al ciudadano, serán pasibles de descuentos de salario) logrando, tal vez lo más importante, una pretensión más de amalgamar, galvanizar, el siempre débil, vínculo entre representantes y representados. En esta oportunidad, a diferencia de los 10 proyectos anteriores, no redactaremos la iniciativa completa, dado que sí bien no creemos en el derecho de autor, es decir no tenemos problemas en que los “políticos” la copien, como lo hicieron con los nueve precedentes, al menos esperábamos que tengan la gentileza de haber citado la fuente, pero, al parecer ya ni las formas guardan quiénes le cedimos nuestra representatividad. Tampoco convocaremos a una presentación pública de la iniciativa como lo hicimos en anteriores oportunidades, estaremos, en grupos diversos, exigiendo en los propios despachos de los “políticos” que se adhieran a trabajar los días sábados para atender al ciudadano. 
Tal como lo expresa el filósofo Correntino Francisco Tomás González Cabañas, la inmensa e inmediata necesidad de que los políticos, estén para la gente-.¿Cuantas veces si no usted, o algún conocido acudió a una oficina de un político, para en términos llanos y vulgares “juntar orina” y perder toda una mañana o tarde, para que salga la secretaria, que seguramente no llegó allí por concurso público (para no caer en la tentación de decir concurso púbico)y decirle que el político que usted necesita ver, es decir su empleado, no puede atenderlo, tiene la agenda ocupada, u otra cosa más importante que hacer?. Con este proyecto o iniciativa, le sacamos la excusa, los instamos mediante ley, que los días sábados y entregando número y por orden de llegada, atiendan a sus mandantes, a la fuente de su legitimidad y legalidad, a los ciudadanos. 
A decir de Marcel Gauchet (que en verdad, sino fuese porque aún pensamos bajo el condicionamiento de las ínfulas imperiales del eurocentrismo cultural, no sería lo que es de no haber sido Parisino) “como sociedad hemos segregado al poder, lo hemos sacado afuera, para que no tenga como fin único el representarnos, validando la legitimidad de lo representativo”. Quizá en estas latitudes, le dimos un giro peculiar, entronizamos esa delegación que hacemos de nuestro poder, pero, agregándole nombres y apellidos, una especie de mandatos más divinos que políticos, una divinidad enraizada en las nuevas herramientas que nos proporcionan estos tiempos modernos, las fotos y el habitar permanente en los medios de comunicación; Definen no sólo el hacer político, sino también las personalidades autorizadas, o legitimadas por la representatividad (más allá de los votos) para hacerlo.

Lo hemos planteado en más de una oportunidad, en el caso de que quisiésemos refrendar bajo investigación académica el presupuesto que partimos, deberíamos hacer una encuesta o sondeo de opinión, para determinar qué porcentaje de conocimiento tienen los 30 diputados provinciales, los 15 senadores provinciales y los 10 legisladores nacionales (7 diputados y 3 senadores), es decir sobre 55 protagonistas, o representantes directos del pueblo, legitimados por lo normativo, por la definición conceptual e histórica del sistema representativo en el que vivimos, como mínimo la ciudadanía, en un porcentaje mayor al 50% debería reconocer al menos a 10 de los 55 de sus representantes. De lo contrario, podríamos concluir que esa representatividad carece de legitimidad, por esto mismo es que no hacemos el relevamiento, dado que es más saludable, creer, dejar reposar lo legítimo en la expectativa de que pueda ser cierto (la típica zanahoria del candidato para ganarse el electorado, o la vista gorda de uno de los componentes de una pareja para no encontrar nada que no quisiese, como ejemplos) y en este dejar reposar, en esta inercia de lo democrático representativo, es donde para profundizar el concepto e impelidos tal vez, por nuestras construcciones arquetípicas conceptuales, cedemos esa representación del poder, en seres semidivinos que habitan en el olimpo de los medios de comunicación.
La política se determina entonces en un juego-disputa o “articulación” entre estos seres angelados, tocados por esa varita mágica (expresión muy utilizada en el mundillo “bajo” o de los que anhelan ser tocados por esa varita de la política) que andan y desandan, sus actuaciones bajo códigos o codificaciones que no requieren cuestionamientos, precisan más que nada de un público laudatorio, de una tropa disciplinada que les diga todo que sí, que a lo sumo debata, el color de la corbata o el de la camisa utilizada en una determinada acción por el elegido. Esta tribuna no es la única de la que se hacen estos semidioses, pues el partido, se transmite en vivo por televisión, por las redes sociales, por la radio y se comenta por los diarios, es la forma que tienen de sostener esa legitimidad, de decirnos que tiene tanto que ver con nosotros que por ello, debe desandar su capacidad omnipresente y formar parte de nuestra cotidianeidad. 
Probablemente sí desandáramos aquello de la encuesta o del sondeo de opinión, no sería muy alto el porcentaje de los ciudadanos que se interesen por lo político, si bien esto puede sonar como un mensaje desde lo que algunos dan en llamar “la anti política” en verdad es una muestra, que desde el poder se disputan intereses, que están en esas nubes de Úbeda, que no pueden bajarse mediante la interfaz de los medios, o definirse en la supuesta participación que tendríamos enviándole una carta de lectores, para ver si la pública o no el matutino al que elegimos someternos para que decida si no nos comunicamos o generamos “feed-back” .
La política, y sus políticos endiosados, nos imponen, mediante la canonización que les otorgamos en elecciones, esa diferencia entre lo divino y lo humano, y el momento en que nos cruzamos, que podemos intercambiarnos, participar (es la respuesta que dio Platón a su aporía creada entre el mundo terrenal y el del eidos) o ser parte y que esa diferencia actué como lo positivo y lo indispensable, es mediante la interfaz de los medios de comunicación, mediante el reportaje (más que reportaje, las declaraciones que hacen ante micrófonos, pues en nuestro medio, casi nadie entrevista) o la foto. 
Hacer política de otra manera o pretenderlo, es prácticamente un delirio, o en el mejor de los casos filosofía política (Francisco Tomás González Cabañas).

Los radicales y la democracia o la democracia radical.

Por supuesto que se trata de un juego de palabras. Todo en occidente lo es. La comunicación, la política y por ende las últimas y las primeras causas; la filosofía. El distrito del lenguaje, es el de mayor consistencia en donde se acendra la legitimidad de lo democrático; que por definición y hasta antológicamente, no sólo que es palabra, sino más que nada un juego. En el muladar latinoamericano desde que este escriba  posiciona su perspectiva, el centenario partido radical (que nace de la revolución del parque y que extrañamente siglo después amalgama en el imaginario de lo que representa el valor de reinstaurar y proteger lo democrático) gobierna, peronisticamente (es decir usufructuando los límites de las leyes electorales, exprimiendo las reelecciones, generando sucesiones familiares y suprimiendo la posibilidad de internas tanto dentro del partido, como por fuera del movimiento del que es eje y que aglutina otros partidos) o como lo hizo su contrapeso (en la lógica de sostener la formalidad democrática, en la astucia del juego del policía bueno y malo, cada cual desarrolla supuestas virtudes que en verdad no son tales y que gravosamente no sortean por ejemplo el peor de los males estructurales: la pobreza y marginalidad extrema al que someten a grandes y extensos bolsones de la población) demostrando un conocimiento cabal, casi absoluto y total, de la democracia en sí misma, cuestionándose por tanto, si esa radicalidad (la de en este caso gobernar, casi hace dos décadas, tener mayoría o control estratégicos en los poderes legislativos e incidencias manifiesta en el judicial) acaso no es antidemocrática, en un terruño, en una comarca en donde casi la mitad de la población no puede sortear la pobreza a la que ex profeso es subsumida y muy pocos, que son perseguidos y hasta caracterizados (a diferencia de siglos atrás condenando a la hoguera en la actualidad, cercenados y condicionados por el ninguneo y la indiferencia que se vierte desde la cúspide del poder) poco pueden realizar, como este artículo mismo, para que se pueda pensar la radicalidad democrática.

“Toni Negri piensa en una revolución de la multitud como instancia en que se rompe la creencia en la representación y emerge la posibilidad de una democracia radical. En una lógica transicional plena, ya que la transición no es distinta al proceso, no es una etapa separable en la que cualquier tipo de acción estaría legitimada por la relación entre unos medios actuales y unos fines futuros. Por el contrario, el proceso tiene ya las características de esa democracia radical y su despliegue es la experimentación colectiva y el aprendizaje del autogobierno”. (Pennisi, A. Pasión democrática. Editorial Quadrata. Página 103. 2013. Buenos Aires)

Esta percepción de cómo sería una democracia radical, no tiene absolutamente que ver con el desempeño o la construcción democrática por parte de un gobierno que se precie perteneciente o seguidor de las ideas del radicalismo argentino. Si bien, desde un inicio se especificó que en definitiva se trataba de un juego de palabras, el de hermanar el concepto de filosofía política de democracia radical, con la concepción política en la praxis, en el hacer de gobiernos enmarcados en las filas de la unión cívica radical.

Sí tomáramos la provincia de Jujuy, en donde el foco acerca del actuar de la justicia, está siendo analizado por organismos internacionales en relación a presos, que para algunos son considerados políticos, el análisis se reduciría a tal efecto y puntualización y se perdería el eje de lo que se pretende analizar, de todas maneras, tampoco es extraño, al menos señalar que la misma expresión política que se adjudicó la plena instancia de los derechos del hombre en la Argentina, padeciendo por ello, el intento de golpes de facto y la realización de corridas cambiarias, financieras y hasta asonadas sindicales, décadas después en un arrabal norteño es objeto de severas críticas en la plenitud o el sostenimiento de un estado de derecho formal.

Tampoco en estas líneas daremos cuestionamientos teóricos, acerca de lo que podría ser una posición al menos Eurocentrista de los postulados de Negri, lo cierto es que su planteo de democracia radical, democracia en los hechos, disolviendo la representación, está mucho más cerca de los inicios del radicalismo, es decir del hito de la revolución del parque.

Claro que hablar en términos de revolución, siempre es y sobre todo, para los medios de comunicación, algo más allá de lo tabú, expresamente de lo prohibido o lo que será caracterizado como el anhelo de quiénes no están bien de la cabeza y merecen el ninguneo y la indiferencia permanente.

En esta lógica de complicidad mórbida con lo antidemocrático, extrañamente, los dueños de los medios, de terruños inviables para la inclusión social, no terminan de comprender, que jamás podrán disfrutar de sus millones y privilegios, si continúan en la letanía de seguir dándoles espacios, únicamente, a los violadores de lo democrático, si ponen al servicio de estos trúhanes republicanos, las páginas de sus medios, para replicar las tristes y ubérrimas gacetillas de prensa, de quienes, en la plenitud de sus doctas ignorancias, en lo excelso de lo estulto, ventilan, difundiendo sus prácticas perversas, difamando para ello el proceder de lo que debería ser una radicalidad democrática, no publicando para ello, los análisis y las interpretaciones críticas de ese proceder democrático, entonces, concluimos evidentemente  de que no tenemos una sociedad o una comunidad democrática.

Probablemente la radicalidad de lo democrático se deba expresar mediante una revuelta, como lo plantea Negri, tal hipótesis permanecerá en el ámbito de lo teórico, en el mientras tanto o en el anverso de esta tesitura, la democracia ejercida por el radicalismo actual, mientras más alejado de los propuestos teóricos de la democrático desarrolle su accionar, más tendrá que ver con su éxito, con su continuidad y con su perpetuación en el tiempo.

Por tanto, radicalismo y democracia, en todos y cada uno de los sentidos ambos términos, pasan a ser conceptos excluyentes y hasta contradictorios en sí mismos.